Normalizando la excepción: un año de estado de emergencia en Francia
Hace pocas semanas se cumplía el primer aniversario de la mayor matanza de la época reciente en el Estado francés: el 13 de noviembre de 2015, varios atentados perpetrados por yihadistas en París y su extrarradio dejaron 137 muertos y centenares de heridos. En medio del caos, y con la población aún en estado de shock por los ataques, el Gobierno decretó el estado de emergencia en todo el país. Casi trece meses después, ese régimen de excepción sigue vigente y, a ojos de múltiples observadores, tiene visos de perennizarse… con catastróficas consecuencias para el Estado de derecho.
Foto: Teresa Suárez
1.12.2016
París.- El pasado 9 de noviembre Bernard Cazeneuve, ministro del Interior francés, hacía balance de un año de estado de emergencia. Tras recordar la adopción de un nuevo plan de seguridad pública de 250 millones de euros, Cazaneuve enumeró los hitos del Ejecutivo en materia de lucha antiterrorista: casi 80 mandatos de expulsión para ciudadanos extranjeros vinculados al yihadismo; 430 prohibiciones de abandonar el territorio francés para franceses sospechosos de querer partir a Siria o Irak; cierre de una veintena de mezquitas y salas de oración radicalizadas; medio centenar de webs de apología del terrorismo bloqueadas y más de 300 desreferenciadas en los motores de búsqueda. Además, más de 500 detenciones, 426 sospechosos bajo custodia policial, más de 400 órdenes de arresto domiciliario, de las cuales 95 siguen vigentes, 4.000 órdenes de registro ejecutadas y cerca de 600 armas incautadas, a lo que se suma más de una decena de atentados desbaratados.
Las cifras impresionan pero numerosas voces ponen en duda la eficacia de las medidas tomadas, no solo porque un año después el país sigue confrontado al mismo nivel de amenaza terrorista, sino porque desde la implantación del estado de emergencia, las denuncias por violaciones de derechos fundamentales han explotado. La lucha antiterrorista del gobierno de François Hollande supone “un serio golpe al estado de derecho” en Francia, aseguró a principios de noviembre, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede en París.
El estado de emergencia como forma jurídica permite al Ejecutivo no solo restringir fuertemente libertades como la de reunión o manifestación, sino que le otorga poderes extraordinarios para ordenar registros en cualquier momento de la noche o el día, arrestos domiciliarios con la sola sospecha de que el comportamiento de una persona supone una amenaza para la seguridad y el orden públicos, o la incautación de archivos informáticos de sospechosos. Todo ello sin autorización judicial.
El gobierno tiene potestad para promulgarlo de forma unilateral durante un máximo de doce días; a partir de ese momento, necesita el acuerdo de la cámara legislativa. De esta forma ha sido prorrogado hasta en cuatro ocasiones, la última el pasado 26 de julio, pocos días después del brutal atentado de Niza que acabó con la vida de 86 personas.
REPRESIÓN AL MOVIMIENTO ECOLOGISTA Y SINDICAL
Pese a tratarse de medidas excepcionales adoptadas en nombre de la lucha contra el terrorismo, desde el principio han sido aplicadas contra colectivos que nada tienen que ver con el yihadismo. En diciembre de 2015, 26 activistas medioambientales fueron puestos bajo arresto domiciliario pocos días antes del inicio de la COP21 en París. Uno de ellos fue Joel Domenjoud, miembro del equipo jurídico de la red ecologista Coalition Climat. Su “crimen”: ser uno de los convocantes de una de las manifestaciones contra la convención climática.
“El propio François Hollande ha admitido recientemente (en un controvertido libro publicado en octubre, ndr) que el estado de emergencia le ha permitido atar corto a los activistas. Esto es inadmisible”, asegura a esta revista su abogada, Muriel Ruef. “Estamos experimentado un retroceso de las libertades, con más y más restricciones al derecho de manifestación o protesta”, afirma la abogada, que cree que “no se puede elegir entre los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo”. Después de que el Consejo de Estado, la más alta instancia judicial francesa, validara la medida de confinamiento, Domenjoud ha decidido llevar su caso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Los activistas ecologistas fueron los primeros, pero no los únicos ‘daños colaterales’ de la guerra declarada al yihadismo en Francia. En marzo de 2015 comenzó un masivo movimiento de protesta contra la reforma laboral decretada por el gobierno socialista. La bautizada como ley El Khomri (en referencia a la ministra de Trabajo), que supone un duro golpe a la hasta ahora garantista legislación laboral francesa, se ha convertido en una de las iniciativas gubernamentales más contestadas de los últimos años. Siempre en nombre de la amenaza terrorista, el Ejecutivo prohibió a al menos 25 personas participar en las protestas y canceló la celebración de varias marchas.
Paralelamente, la represión policial en las manifestaciones contra esta ley se ha incrementado hasta cotas nunca vistas. Sindicatos y manifestantes coinciden en señalar un aumento desmesurado de las medidas coercitivas durante y después de las protestas, que van de la generalización de las llamadas nasses (técnica de acorralamiento, con el objetivo de aprisionar y ‘cazar’ a los participantes), generalmente regadas de generosas cantidades de gas lacrimógeno, a las detenciones masivas y un uso inusitado de la violencia: manifestantes golpeados hasta la inconsciencia, disparos con balas de goma por la espalda, amenazas e intimidaciones a periodistas...
El secretario general del sindicato CGT Policía, Alexandre Langlois, llegaba a admitir que el estado de emergencia facilita estos comportamientos. “Ciertos colegas se permiten ahora ciertas cosas que antes jamáis habrían estado autorizados a hacer”, reconocía en una entrevista al sitio Reporterre, coordinador de un exhaustivo informe sobre la violencia policial en las protestas
DESIGNANDO UN ENEMIGO INTERIOR
¿Se están excediendo en sus prerrogativas las fuerzas policiales en Francia bajo el pretexto de la amenaza securitaria? Asociaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional o la FIDH no dudan en responder afirmativamente. El pasado septiembre, Guillaume Vadot, investigador y profesor en la Sorbona, fue testigo de la detención de una mujer negra en el tren de Cercanías por no tener el billete de transporte. Ante los gritos de dolor de la mujer esposada, explica a 7K, tuvo el “acto reflejo” de sacar el móvil y grabar la escena. En ese momento, la policía se volvió contra él. Asegura que tras inmobilizarlo y quitarle el teléfono, lo golpearon, dándole incluso una pequeña descarga con la pistola eléctrica; lo insultaron, tratándolo de ‘maricón’, y lo amenazaron con violarlo y matarlo. Varios testigos presenciales han corroborado su versión de los hechos.
“Me quitaron el móvil, borraron los vídeos -luego recuperados por un amigo informático- y me dijeron que estaba prohibido grabar, que estábamos en guerra contra Dáesh (acrónimo en árabe para designar al grupo Estado Islámico)”, recuerda. “Lo más alucinante es que establecieran un vínculo entre lo que estaba ocurriendo con una operación antiterrorista en el marco del estado de emergencia: una señora negra sin billete de metro era equiparada con una yihadista, y yo, por ponerme de su lado y filmarlo, me estaba convirtiendo en cómplice”. Su caso ha tenido cierto eco mediático, que él emplea para denunciar una práctica “generalizada” contra la población negra y árabe en Francia.
Vadot reside en Saint-Denis, barrio sensible del extrarradio de París y lugar donde se escondieron varios de los terroristas tras los atentados de noviembre de 2015. Se trata de una zona con una vasta población migrante, mucha de ella musulmana, donde la pobreza y el desempleo campan a sus anchas. En este y otros barrios de la llamada ‘banlieue’ francesa, el estado de excepción se siente desde hace décadas. Las detenciones y cacheos arbitrarios son moneda corriente y la población se considera marginalizada y criminalizada.
Las denuncias de registros domiciliarios abusivos se multiplican en estos barrios populares desde el pasado año. Virginie P., cofundadora de un hogar para mujeres musulmanas sin recursos, Baytouna, relata la “traumática” intervención policial en esta residencia emplazada en Argenteuil, al noroeste de la capital. “Irrumpieron en la casa 15 policías y apuntaron con una pistola a la cabeza a la única chica que se encontraba dentro en ese momento”, recuerda. “Tenía 20 años. Le dijeron que era demasiado guapa para llevar velo, la llamaron sumisa, se mofaron de ella. Rompieron varias puertas y paredes, dejaron todo patas arriba, y después se marcharon con un ‘buenas noches’”.
Como en la mayoría de ocasiones, la operación no dio lugar a ningún procedimiento judicial posterior, pese a lo cual no hubo ni compensación económica ni excusas. “La única explicación que logramos arrancar a la prefectura fue que el registro se había producido porque el hogar era frecuentado por ‘personas sospechosas’”, se indigna Virginie.
Son solo dos ejemplos de controles o registros abusivos, pero organizaciones como Amnistía Internacional denuncian el aumento de este tipo de acciones y alertan de las consecuencias psicológicas que dejan en los afectados. En un detallado informe llamado “Vidas trastornadas: el impacto desproporcionado del estado de emergencia en Francia”, la ONG relata decenas de intervenciones en las que las fuerzas policiales insultan, golpean y denigran a las personas contra las que pesa la orden de registro, en la inmensa mayoría de los casos, de confesión musulmana.
“Las medidas de urgencia, en particular las órdenes de registro y los arrestos domiciliarios, han sido aplicadas de forma demasiado generalizada y en ciertos casos, de forma arbitaria (…) restringiendo derechos como el derecho a la libertad, a la vida privada, a la libertad de reunión o de circulación, más allá de las exigencias impuestas por la situación” actual, afirma el informe. Algunas personas “han sido convertidas en objetivo solo por su práctica religiosa, en ausencia total de elementos que indicaran que habían cometido una infracción penal”, insiste Amnistía. Yasser Laouati, expresidente del Colectivo Contra la Islamofobia en Francia (CCIF), es contundente: “el Estado ha designado un enemigo interior: los musulmanes que viven en Francia”.
Desde los atentados de enero de 2015 contra la revista satírica Charlie Hebdo y un supermercado kosher, que dejaron 17 muertos, las personas que practican el islam en el Hexágono se sienten cada vez más señaladas, y de poco sirve que recuerden que en los atentados también han muerto musulmanes, todo queda en el mismo saco. “No es que sea nuevo, pero cada vez es peor”, lamenta la cofundadora de Baytouna.
De los 400 arrestos domiciliarios impuestos en estos 13 meses, la inmensa mayoría a ciudadanos de confesión musulmana, ninguno ha desembocado en la inculpación del arrestado, según el sindicato de la magistratura, pese a lo cual, 95 personas siguen sometidas a esta sanción, algunas desde hace un año. “Este tipo de medida suele tomarse en base a una ‘nota blanca’ de los servicios de inteligencia, sin firma ni fecha, muchas veces basada en sospechas y no en la constatación de un delito”, denuncia Dominique Curis, redactora del informe de AI.
De los 4.000 registos efectuados en locales y domilios privados en el último año, solo seis condujeron a la apertura de un proceso judicial. “Debemos preguntarnos si las medidas legales adoptadas ha logrado su objetivo –derrotar al yihadismo- y si no se ha logrado, qué sentido tiene que siga instaurado el estado de emergencia”, prevenía Vanesa Codaccioni, politóloga especializada en Derecho y autora del libro ‘Justicia de Excepción’, en unas jornadas dedicadas a hacer balance de los últimos meses.
MILITARIZACIÓN DEL ESTADO
Mientras, Francia se está convirtiendo en un Estado militarizado y ultrasecurizado. En la actualidad, 10.000 soldados patrullan el Hexágono, convirtiendo al país en el primer terreno de intervención del ejército galo por número de militares. A ellos se suman otros 60.000 reservistas y 4.700 policías y gendarmes dedicados a la vigilancia de colegios y lugares de culto judíos. La Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) cuenta con 3.500 agentes, de los cuales dos tercios se dedican a la lucha contra el yihadismo dentro del territorio francés. En las escuelas, junto a los simulacros de incendios, los niños aprenden cómo actuar en caso de atentado.
En la universidad, docentes denuncian la celebración de conferencias co-organizadas entre la administración y el ejército o la policía con un discurso que vincula el patriotismo a la defensa de la política antiterrorista, cuando no para alentar lisa y llanamente el alistamiento militar.
El ejecutivo socialista ha aprobado sucesivamente tres grandes leyes contra el islamismo radical, que han ido incrementando los medios materiales y humanos así como el presupuesto dedicado a la seguridad, sin que ello haya impedido que se produzcan nuevos atentados.
Tras los ataques de noviembre de 2015, un solemne François Hollande declaraba oficialmente la guerra al grupo Estado Islámico en Siria e Irak, donde interviene desde 2014. Muchos expertos achacan los ataques perpetrados en suelo francés desde hace más de un año a las intervenciones militares occidentales en el mundo árabe.
“La estrategia terrorista consisten en efectuar una provocación para obtener una reacción, que suscitará nuevos ataques. Es un círculo vicioso clásico”, aseguraba Pierre Conesa, exalto funcionario del Ministerio de Defensa y profesor en Science Po en una entrevista a la cadena TV5.
Tras la COP21, el régimen de excepción ha sido prolongado en tres ocasiones, primero para cubrir dos eventos mayores como la Eurocopa y el Tour ciclista, y más tarde, como respuesta al brutal atentado en Niza. ¿El problema? “Va a seguir habiendo eventos multitudinarios y seguirán produciéndose atentados, por lo que esto puede extenderse indefinidamente: siempre habrá una razón para prolongar el estado de excepción”, advertía la abogada Muriel Ruef. Como dándole la razón, el gobierno ya ha anunciado que el régimen actual seguirá vigente al menos hasta primavera de 2017, fecha de celebración de las elecciones presidenciales.
Dominique Curis, de Amnistía Internacional, alertaba del riesgo de perennización del actual régimen, incluso después de ser oficialmente derrogado: “Las dinámicas del estado de emergencia se están insertando en la justicia ordinaria. De seguir así, el estado de excepción no terminará nunca”.
París.- El pasado 9 de noviembre Bernard Cazeneuve, ministro del Interior francés, hacía balance de un año de estado de emergencia. Tras recordar la adopción de un nuevo plan de seguridad pública de 250 millones de euros, Cazaneuve enumeró los hitos del Ejecutivo en materia de lucha antiterrorista: casi 80 mandatos de expulsión para ciudadanos extranjeros vinculados al yihadismo; 430 prohibiciones de abandonar el territorio francés para franceses sospechosos de querer partir a Siria o Irak; cierre de una veintena de mezquitas y salas de oración radicalizadas; medio centenar de webs de apología del terrorismo bloqueadas y más de 300 desreferenciadas en los motores de búsqueda. Además, más de 500 detenciones, 426 sospechosos bajo custodia policial, más de 400 órdenes de arresto domiciliario, de las cuales 95 siguen vigentes, 4.000 órdenes de registro ejecutadas y cerca de 600 armas incautadas, a lo que se suma más de una decena de atentados desbaratados.
Las cifras impresionan pero numerosas voces ponen en duda la eficacia de las medidas tomadas, no solo porque un año después el país sigue confrontado al mismo nivel de amenaza terrorista, sino porque desde la implantación del estado de emergencia, las denuncias por violaciones de derechos fundamentales han explotado. La lucha antiterrorista del gobierno de François Hollande supone “un serio golpe al estado de derecho” en Francia, aseguró a principios de noviembre, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede en París.
El estado de emergencia como forma jurídica permite al Ejecutivo no solo restringir fuertemente libertades como la de reunión o manifestación, sino que le otorga poderes extraordinarios para ordenar registros en cualquier momento de la noche o el día, arrestos domiciliarios con la sola sospecha de que el comportamiento de una persona supone una amenaza para la seguridad y el orden públicos, o la incautación de archivos informáticos de sospechosos. Todo ello sin autorización judicial.
El gobierno tiene potestad para promulgarlo de forma unilateral durante un máximo de doce días; a partir de ese momento, necesita el acuerdo de la cámara legislativa. De esta forma ha sido prorrogado hasta en cuatro ocasiones, la última el pasado 26 de julio, pocos días después del brutal atentado de Niza que acabó con la vida de 86 personas.
REPRESIÓN AL MOVIMIENTO ECOLOGISTA Y SINDICAL
Pese a tratarse de medidas excepcionales adoptadas en nombre de la lucha contra el terrorismo, desde el principio han sido aplicadas contra colectivos que nada tienen que ver con el yihadismo. En diciembre de 2015, 26 activistas medioambientales fueron puestos bajo arresto domiciliario pocos días antes del inicio de la COP21 en París. Uno de ellos fue Joel Domenjoud, miembro del equipo jurídico de la red ecologista Coalition Climat. Su “crimen”: ser uno de los convocantes de una de las manifestaciones contra la convención climática.
“El propio François Hollande ha admitido recientemente (en un controvertido libro publicado en octubre, ndr) que el estado de emergencia le ha permitido atar corto a los activistas. Esto es inadmisible”, asegura a esta revista su abogada, Muriel Ruef. “Estamos experimentado un retroceso de las libertades, con más y más restricciones al derecho de manifestación o protesta”, afirma la abogada, que cree que “no se puede elegir entre los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo”. Después de que el Consejo de Estado, la más alta instancia judicial francesa, validara la medida de confinamiento, Domenjoud ha decidido llevar su caso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Los activistas ecologistas fueron los primeros, pero no los únicos ‘daños colaterales’ de la guerra declarada al yihadismo en Francia. En marzo de 2015 comenzó un masivo movimiento de protesta contra la reforma laboral decretada por el gobierno socialista. La bautizada como ley El Khomri (en referencia a la ministra de Trabajo), que supone un duro golpe a la hasta ahora garantista legislación laboral francesa, se ha convertido en una de las iniciativas gubernamentales más contestadas de los últimos años. Siempre en nombre de la amenaza terrorista, el Ejecutivo prohibió a al menos 25 personas participar en las protestas y canceló la celebración de varias marchas.
Paralelamente, la represión policial en las manifestaciones contra esta ley se ha incrementado hasta cotas nunca vistas. Sindicatos y manifestantes coinciden en señalar un aumento desmesurado de las medidas coercitivas durante y después de las protestas, que van de la generalización de las llamadas nasses (técnica de acorralamiento, con el objetivo de aprisionar y ‘cazar’ a los participantes), generalmente regadas de generosas cantidades de gas lacrimógeno, a las detenciones masivas y un uso inusitado de la violencia: manifestantes golpeados hasta la inconsciencia, disparos con balas de goma por la espalda, amenazas e intimidaciones a periodistas...
El secretario general del sindicato CGT Policía, Alexandre Langlois, llegaba a admitir que el estado de emergencia facilita estos comportamientos. “Ciertos colegas se permiten ahora ciertas cosas que antes jamáis habrían estado autorizados a hacer”, reconocía en una entrevista al sitio Reporterre, coordinador de un exhaustivo informe sobre la violencia policial en las protestas
DESIGNANDO UN ENEMIGO INTERIOR
¿Se están excediendo en sus prerrogativas las fuerzas policiales en Francia bajo el pretexto de la amenaza securitaria? Asociaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional o la FIDH no dudan en responder afirmativamente. El pasado septiembre, Guillaume Vadot, investigador y profesor en la Sorbona, fue testigo de la detención de una mujer negra en el tren de Cercanías por no tener el billete de transporte. Ante los gritos de dolor de la mujer esposada, explica a 7K, tuvo el “acto reflejo” de sacar el móvil y grabar la escena. En ese momento, la policía se volvió contra él. Asegura que tras inmobilizarlo y quitarle el teléfono, lo golpearon, dándole incluso una pequeña descarga con la pistola eléctrica; lo insultaron, tratándolo de ‘maricón’, y lo amenazaron con violarlo y matarlo. Varios testigos presenciales han corroborado su versión de los hechos.
“Me quitaron el móvil, borraron los vídeos -luego recuperados por un amigo informático- y me dijeron que estaba prohibido grabar, que estábamos en guerra contra Dáesh (acrónimo en árabe para designar al grupo Estado Islámico)”, recuerda. “Lo más alucinante es que establecieran un vínculo entre lo que estaba ocurriendo con una operación antiterrorista en el marco del estado de emergencia: una señora negra sin billete de metro era equiparada con una yihadista, y yo, por ponerme de su lado y filmarlo, me estaba convirtiendo en cómplice”. Su caso ha tenido cierto eco mediático, que él emplea para denunciar una práctica “generalizada” contra la población negra y árabe en Francia.
Vadot reside en Saint-Denis, barrio sensible del extrarradio de París y lugar donde se escondieron varios de los terroristas tras los atentados de noviembre de 2015. Se trata de una zona con una vasta población migrante, mucha de ella musulmana, donde la pobreza y el desempleo campan a sus anchas. En este y otros barrios de la llamada ‘banlieue’ francesa, el estado de excepción se siente desde hace décadas. Las detenciones y cacheos arbitrarios son moneda corriente y la población se considera marginalizada y criminalizada.
Las denuncias de registros domiciliarios abusivos se multiplican en estos barrios populares desde el pasado año. Virginie P., cofundadora de un hogar para mujeres musulmanas sin recursos, Baytouna, relata la “traumática” intervención policial en esta residencia emplazada en Argenteuil, al noroeste de la capital. “Irrumpieron en la casa 15 policías y apuntaron con una pistola a la cabeza a la única chica que se encontraba dentro en ese momento”, recuerda. “Tenía 20 años. Le dijeron que era demasiado guapa para llevar velo, la llamaron sumisa, se mofaron de ella. Rompieron varias puertas y paredes, dejaron todo patas arriba, y después se marcharon con un ‘buenas noches’”.
Como en la mayoría de ocasiones, la operación no dio lugar a ningún procedimiento judicial posterior, pese a lo cual no hubo ni compensación económica ni excusas. “La única explicación que logramos arrancar a la prefectura fue que el registro se había producido porque el hogar era frecuentado por ‘personas sospechosas’”, se indigna Virginie.
Son solo dos ejemplos de controles o registros abusivos, pero organizaciones como Amnistía Internacional denuncian el aumento de este tipo de acciones y alertan de las consecuencias psicológicas que dejan en los afectados. En un detallado informe llamado “Vidas trastornadas: el impacto desproporcionado del estado de emergencia en Francia”, la ONG relata decenas de intervenciones en las que las fuerzas policiales insultan, golpean y denigran a las personas contra las que pesa la orden de registro, en la inmensa mayoría de los casos, de confesión musulmana.
“Las medidas de urgencia, en particular las órdenes de registro y los arrestos domiciliarios, han sido aplicadas de forma demasiado generalizada y en ciertos casos, de forma arbitaria (…) restringiendo derechos como el derecho a la libertad, a la vida privada, a la libertad de reunión o de circulación, más allá de las exigencias impuestas por la situación” actual, afirma el informe. Algunas personas “han sido convertidas en objetivo solo por su práctica religiosa, en ausencia total de elementos que indicaran que habían cometido una infracción penal”, insiste Amnistía. Yasser Laouati, expresidente del Colectivo Contra la Islamofobia en Francia (CCIF), es contundente: “el Estado ha designado un enemigo interior: los musulmanes que viven en Francia”.
Desde los atentados de enero de 2015 contra la revista satírica Charlie Hebdo y un supermercado kosher, que dejaron 17 muertos, las personas que practican el islam en el Hexágono se sienten cada vez más señaladas, y de poco sirve que recuerden que en los atentados también han muerto musulmanes, todo queda en el mismo saco. “No es que sea nuevo, pero cada vez es peor”, lamenta la cofundadora de Baytouna.
De los 400 arrestos domiciliarios impuestos en estos 13 meses, la inmensa mayoría a ciudadanos de confesión musulmana, ninguno ha desembocado en la inculpación del arrestado, según el sindicato de la magistratura, pese a lo cual, 95 personas siguen sometidas a esta sanción, algunas desde hace un año. “Este tipo de medida suele tomarse en base a una ‘nota blanca’ de los servicios de inteligencia, sin firma ni fecha, muchas veces basada en sospechas y no en la constatación de un delito”, denuncia Dominique Curis, redactora del informe de AI.
De los 4.000 registos efectuados en locales y domilios privados en el último año, solo seis condujeron a la apertura de un proceso judicial. “Debemos preguntarnos si las medidas legales adoptadas ha logrado su objetivo –derrotar al yihadismo- y si no se ha logrado, qué sentido tiene que siga instaurado el estado de emergencia”, prevenía Vanesa Codaccioni, politóloga especializada en Derecho y autora del libro ‘Justicia de Excepción’, en unas jornadas dedicadas a hacer balance de los últimos meses.
MILITARIZACIÓN DEL ESTADO
Mientras, Francia se está convirtiendo en un Estado militarizado y ultrasecurizado. En la actualidad, 10.000 soldados patrullan el Hexágono, convirtiendo al país en el primer terreno de intervención del ejército galo por número de militares. A ellos se suman otros 60.000 reservistas y 4.700 policías y gendarmes dedicados a la vigilancia de colegios y lugares de culto judíos. La Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) cuenta con 3.500 agentes, de los cuales dos tercios se dedican a la lucha contra el yihadismo dentro del territorio francés. En las escuelas, junto a los simulacros de incendios, los niños aprenden cómo actuar en caso de atentado.
En la universidad, docentes denuncian la celebración de conferencias co-organizadas entre la administración y el ejército o la policía con un discurso que vincula el patriotismo a la defensa de la política antiterrorista, cuando no para alentar lisa y llanamente el alistamiento militar.
El ejecutivo socialista ha aprobado sucesivamente tres grandes leyes contra el islamismo radical, que han ido incrementando los medios materiales y humanos así como el presupuesto dedicado a la seguridad, sin que ello haya impedido que se produzcan nuevos atentados.
Tras los ataques de noviembre de 2015, un solemne François Hollande declaraba oficialmente la guerra al grupo Estado Islámico en Siria e Irak, donde interviene desde 2014. Muchos expertos achacan los ataques perpetrados en suelo francés desde hace más de un año a las intervenciones militares occidentales en el mundo árabe.
“La estrategia terrorista consisten en efectuar una provocación para obtener una reacción, que suscitará nuevos ataques. Es un círculo vicioso clásico”, aseguraba Pierre Conesa, exalto funcionario del Ministerio de Defensa y profesor en Science Po en una entrevista a la cadena TV5.
Tras la COP21, el régimen de excepción ha sido prolongado en tres ocasiones, primero para cubrir dos eventos mayores como la Eurocopa y el Tour ciclista, y más tarde, como respuesta al brutal atentado en Niza. ¿El problema? “Va a seguir habiendo eventos multitudinarios y seguirán produciéndose atentados, por lo que esto puede extenderse indefinidamente: siempre habrá una razón para prolongar el estado de excepción”, advertía la abogada Muriel Ruef. Como dándole la razón, el gobierno ya ha anunciado que el régimen actual seguirá vigente al menos hasta primavera de 2017, fecha de celebración de las elecciones presidenciales.
Dominique Curis, de Amnistía Internacional, alertaba del riesgo de perennización del actual régimen, incluso después de ser oficialmente derrogado: “Las dinámicas del estado de emergencia se están insertando en la justicia ordinaria. De seguir así, el estado de excepción no terminará nunca”.
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